Esta semana se continuará con el debate sobre el proyecto de ley 5139, el cual tiene como propuesta principal derogar los decretos legislativos 1100 y 1105, dos normas emitidas el 2012 para luchar contra la minería ilegal e iniciar un proceso de formalización para esta actividad. A esta iniciativa se sumó el acuerdo que firmó Fuerza Popular con los mineros informales, donde la candidata Keiko Fujimori se compromete a derogar dichas normas.

Como se recuerda, la propuesta de la candidata a la Presidencia de la República generó críticas por parte de diversos especialistas y del propio Gobierno que continuó este proceso iniciado por el primer ministro del Ambiente, Antonio Brack. También se sumaron organizaciones civiles que trabajan en temas como la protección de nuestra Amazonía e incluso de aquellos que apoyan a los pequeños mineros en temas de formalización y certificación de oro responsable.

Este es el caso de Solidaridad, organización que trabaja con mineros del sur del país para que estos desarrollen un trabajo que respete los estándares ambientales de producción de oro. Ellos, como conocedores del proceso de formalización, consideran que la derogación sería un retroceso y además una carta libre para la destrucción de zonas valiosas para nuestro país a nivel de biodiversidad.

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“Yo creo que, primero, los principales perjudicados seríamos todos los peruanos porque significaría una vulneración de todos los recursos naturales que nos pertenecen a todos. En segundo lugar, serían perjudicados los mineros que sí se quieren formalizar y que han estado en el proceso de formalización. Derogar estos dos decretos sería un retroceso”, señaló Franco Arista, gerente del Programa de Oro Perú de Solidaridad.

Si bien el especialista sostiene que el proceso de formalización no ha sido favorable, considera que se ha avanzado. “Lo que se tiene que hacer no es derogar sino modificar. Por ejemplo, determinar exactamente con qué equipos se puede hacer minería, dependiendo el tipo de minería, como la filoniana (en socavón), o la minería aluvial, la que se realiza por ejemplo en Madre de Dios”, explicó y consideró además que en el proceso de formalización se debe incluir a las pallaqueras, mujeres que extraen el oro entre los residuos que dejan los mineros. 

Franco Arista explica que para algunos, el proceso de formalización les ha sido favorable por varios motivos: “Tienen resuelto el problema del territorio, son titulares mineros o son dueños del terreno superficial y porque vienen de un proceso anterior. Lo único que han hecho algunos es empalmar con este proceso y presentar los documentos que habían tardado en sacar antes. Otro punto importante es que han tenido el asesoramiento de técnicos especialistas para esto y han tenido inversión”.

Asimismo, resaltó que de los mineros formalizados varios son de Puno y Arequipa, y lograron formalizarse, sobre todo, gracias al apoyo de las autoridades. “Ellos (autoridades regionales) buscaron soluciones, no se quedaron de brazos cruzados esperando que hubiese una modificatoria o una disposición del Gobierno central”, dijo el especialista en conversación con Actualidad Ambiental.

Haciendo una comparación con Colombia, Arista explicó que el proceso de formalización en el vecino país fue a largo plazo, en un promedio de diez años a más, luego de que fallaran varios intentos por iniciar un verdadero proceso.

“Necesitamos hacer un diagnóstico de inicio y eso no se ha hecho. Este diagnóstico consiste, primero en empezar realizando un censo minero, lo cual permitiría tipificar la minería. A partir de ello podemos determinar el tiempo que demoraría hacer la formalización que puede ser de 20 o 25 años”, concluyó.